Alejandro Camporreale,
Executive Director
Unos cinco años después de la primera modificación de deuda de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal pide cerrar el expediente de la deuda pagadera con el IVU
Los acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) o cualquier otra parte con interés tienen hasta el próximo viernes, 13 de septiembre para objetar el cierre del proceso de quiebra de esa entidad.
El plazo fue establecido por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, quien tiene ante sí un pedido de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para cerrar el caso que comenzó hace poco más de siete años y que en su momento, se convirtió en uno de los más grandes, por cuantía, del mercado municipal estadounidense.
De concederse, Cofina sería el primer emisor de deuda de Puerto Rico en reestructurar sus obligaciones y cerrar todos los temas procesales de un proceso de quiebra bajo la ley federal Promesa.
El pasado 25 de julio, la JSF pidió a la jueza Swain poner fin al proceso de quiebra, lo que implica cerrar en definitiva el expediente judicial y terminar las obligaciones del administrador de dicho expediente, Kroll Restructuring.
Cofina, cuya deuda es pagadera con los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), invocó las protecciones del Título III de Promesa en mayo de 2017.
De acuerdo con la moción de la JSF, el proceso de modificación de deudas de Cofina fue completado. Sin embargo, el caso no había concluido, porque todavía quedaban pendientes de pago unos $100,000 al Comité de Acreedores no Asegurados (UCC). Se trata de una distribución que correspondería al UCC o la clase 9 del Plan de Ajuste de Cofina (PDA-Cofina).
Concretamente, el pago correspondería a dos reclamaciones de la extinta casa de inversiones Lehman Brothers, cuyo proceso de liquidación, a su vez, abre la puerta para identificar los recursos que se le adeudan y que pueden servir para indemnizar a sus acreedores o resarcir obligaciones.
“La (JSF) ha estado trabajando con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para instruir al Departamento de Hacienda de Puerto Rico para que desembolse los $100,000 a Lehman como tenedor de las únicas dos reclamaciones admitidas del UCC bajo la clase 9 del PDA-Cofina”, reza la moción del organismo. Dicho pago se habría procesado el pasado 28 de agosto.
De acuerdo con el expediente judicial de Cofina, una vez la JSF certifique al tribunal que el deudor ha cumplido con todas las distribuciones requeridas en el plan de pagos, ello sentaría las bases para el cierre definitivo del caso.
Inicialmente, las partes con interés tenían hasta el 11 de septiembre para expresarse, pero a petición de la JSF, Swain otorgó dos días adicionales al tiempo que acogió una declaración del director ejecutivo del organismo, Robert Mujica, quien certificó el pago efectuado a Lehman.
El PDA-Cofina fue el primero en incorporar la premisa de compartir con los bonistas, beneficios adicionales si los recaudos del gobierno puertorriqueño se desempeñaban por encima de los estimados.
El plan fue aprobado por Swain el 5 de febrero de 2019 y unos siete días más tarde, Cofina intercambió su deuda vigente por cuatro series de bonos, exentos y tributables. Excluyendo los pagos por recaudos adicionales, los bonistas principales de Cofina recibieron unos 93 centavos de dólar de su acreencia y los subordinados, unos 55 centavos de dólar.
La reestructuración de Cofina fue la primera que la JSF consumó con un respaldo mayoritario de los acreedores, pero también la primera en la que se pagó a las partes por negociar con el organismo.
En total, el PDA-Cofina incluyó $1,200 millones en efectivo como compensación a los bonistas, en especial, a quienes negociaron el acuerdo, incluyendo unos $332 millones en gastos de consumación. Los bancos de inversión que participaron de la reestructuración se agenciaron unos $32 millones en comisiones. Los honorarios del caso se estimaron en $140 millones.
Asimismo, la quiebra de Cofina –entidad que a diferencia del gobierno central, no encaraba un cuadro de insolvencia- arrojó dudas acerca de los gravámenes y derechos de los bonistas. Para lidiar con la situación, la JSF impulsó un mecanismo de mediación alterno en el cual, el UCC y los bonistas debieron definir a quién pertenecían concretamente los recaudos del IVU: si al Tesoro de Puerto Rico, es decir al gobierno central o a la corporación pública.
En lugar de resolver tal controversia, como la JSF intentó ahora con los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el UCC y los bonistas -en concierto con la JSF- acordaron distribuirse los recaudos del IVU más allá de aquellos pignorados inicialmente en los bonos de Cofina. Mientras Cofina, retuvo el 53% de los ingresos del IVU para pagar a sus acreedores, la diferencia quedó en manos del gobierno central.
Como parte del acuerdo y entre otras cosas, el gobierno de Puerto Rico no podrá eliminar o modificar el impuesto al consumo sin el consentimiento de los bonistas y se subordinó el estado de derecho del territorio estadounidense a aquel del estado de Nueva York en caso de discrepancias.
En dólares y centavos, el plan de pagos de Cofina reestructuró aproximadamente una cuarta parte de la deuda pública de Puerto Rico. En específico, se modificaron unos $17,512 millones en bonos, reduciendo el principal adeudado en unos $6,000 millones.
Según el PDA-Cofina, los ingresos por recaudos del IVU debieran aumentar aproximadamente en 4% todos los años, alza que serviría para honrar la deuda modificada y pagos adicionales, una vez se cumplan todas las obligaciones que garantizan o reciben recaudos por concepto del impuesto al consumo.
La deuda de Cofina terminaría de pagarse en el 2058
